Desde el 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2008, Ancce gestionará el libro genealógico de la raza equina de PRE, un negocio que mueve al año más de 900 millones de euros y que ha estado siempre en manos del Estado. La decisión fue tomada por el Gobierno el 6 de marzo de 2006.

A partir de esa fecha, las críticas se sucedieron entre empresarios del sector, que han acusado a Agricultura de infringir el procedimiento legalmente establecido al adjudicar una concesión para la gestión de un servicio público. Según la denuncia de la UCCE, a la hora de adjudicar esta concesión, no se hizo por concurso.

Las críticas contra la resolución que firmó el director general de Ganadería, Carlos Escribano, para ceder la gestión del libro genealógico van más allá. La denuncia, presentada también ante Bruselas y admitida a trámite por la Comisión Europea el pasado 10 de enero, hace una llamada sobre dos vulneraciones.

Con este escenario como telón de fondo, salen a la luz sendas cartas que la asociación denunciante envió a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, para que anulasen la cesión de la gestión del caballo a Ancce.

La UCCE critica así la “opacidad y la injustificada urgencia” con que el Ministerio ha sustituido al organismo oficial que gestionaba el libro por la asociación Ancce. En este sentido, la Unión de Criadores advierte de que “existen intereses particulares” que implican a la vicepresidenta del Gobierno en la decisión que tomó el Ministerio. Manifiestan que María Teresa Fernández de la Vega es familiar de un miembro que fue de la junta directiva de Ancce, Virgilio Fernández de la Vega.

La diputada socialista Teresa Cunillera fue la encargada de presentar la proposición no de ley que afecta al ganado equino en el Congreso de los Diputados. Ambas mostraron un “empeño personal” y un “apoyo incondicional” para que Ancce gestionara el libro genealógico, según palabras pronunciadas por el ex presidente Ancce, Manuel Novales, al periódico nacional, tras aprobarse el proyecto no de ley por el que el libro de las razas se traspasa a las asociaciones.

La pelota está ahora en el tejado de la Comisión Europea, que tendrá que decidir si abre o no un expediente a España para analizar la denuncia. Por su parte, la sala de lo Contencioso está a esperas de que el Ministerio le envíe el expediente administrativo del caso. Mientras, el caballo español está en manos de Ancce.